Internet y legislación

El miércoles de esta semana tuvo lugar la inauguración del ciclo de conferencias "Internet y Legislación" que ha organizado Opico, una asociación de estudiantes del campus de Ourense. Estas conferencias, que tienen lugar los días 15, 22 y 29 de abril, se celebran en unos días en que la actualidad judicial y política ha convertido a la Internet española en un hervidero de noticias, opiniones y acciones. Como director académico de este curso me correspondió participar en su inauguración con unas palabras, y la verdad es que lo difícil es hablar sólo un par de minutos sobre este tema tan apasionante.

La primera reflexión me la generó ya el título que proponía Opico: Internet y legislación son, en muchos sentidos, conceptos prácticamente incompatibles, porque “legislar Internet” es, por la propia naturaleza de la red, casi como intentar poner puertas al campo. Sin embargo, y aunque en ocasiones se exagera la inquietud de la sociedad, lo cierto es que ésta demanda respuestas y protección de sus derechos. De que existe inquietud por el estudio de los aspectos jurídicos de las tecnologías de la información baste decir que en el nuevo título de Grado en Ingeniería Informática de mi Escuela, una de las primeras asignaturas que se decidieron, y sobre la que no hubo ninguna discusión, fue la de “Fundamentos Éticos y Jurídicos de las TIC”.

Hace unos días la comisaria europea de protección de los consumidores, Meglena Kuneva, manifestaba su convicción de que “los derechos de los consumidores deben adaptarse a la tecnología, no ser aplastados por ella“, y demandaba a las empresas con presencia en Internet que protejan mejor los datos personales de los usuarios, y más concretamente aquellos susceptibles de ser usados con fines comerciales y publicitarios. Según la comisaria, el usuario está indefenso frente esta recopilación de datos, por lo que en su opinión deberían de existir más y mejores herramientas que permitan al usuario un mayor control sobre su privacidad. Lo cierto es que la inmensa mayoría de la gente desconoce en qué medida se pueden llegar a conocer sus hábitos, gustos, intereses y aficiones por el rastro que deja nuestra navegación en Internet. Recuerdo que hace un par de años me llamó mi padre todo agitado preguntándome si era posible que Google leyera sus correos, porque se había dado cuenta de que la publicidad que aparece en Gmail tenía que ver con el contenido de sus mensajes. Cuando le expliqué cómo funcionaba el tema (es decir, por qué tenía un servicio de correo electrónico tan bueno y gratis) se sintió como el protagonista de 1984, la novela de Orwell, cuando se dio cuenta de que el espejo de la habitación tenía truco.

La inmensa mayoría de los ciudadanos que dan de alta alegremente cuentas en Gmail, Facebook, MySpace,... lo hacen sin leer las condiciones y sin ser conscientes de hasta qué punto están ofreciendo datos e información sobre ellos a cambio del placer que les reporta ese servicio gratuito. Esa es una buena reflexión a hacerse en estas jornadas: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a buena parte de nuestra privacidad a cambio del uso de estos servicios? ¿en qué punto deben de intervenir los reguladores?

Otra de las noticias recientes que han levantado mucho revuelo en la prensa y en la comunidad de los internautas españoles es la del webmaster de una web de intercambio de enlaces P2P que se ha declarado culpable, y ha sido condenado a unos meses de cárcel y a una multa. Es la primera vez que se condena a alguien por un delito relacionado con las descargas en este país, y la industria y los medios han aprovechado para anunciarlo a bombo y platillo. Y observad que he dicho "descargas", y no “descargas ilegales”, porque ¿es ilegal descargar archivos con copyright sin ánimo de lucro? Todas las sentencias anteriores absolvieron a los acusados, así que la opinión mayoritaria de los jueces hasta la fecha parecía ser que no es delito (aunque lo cierto es que este tipo de webs tienen ingresos por publicidad). Para la comunidad internauta está claro que no es delito, y a la vista está el rechazo enorme, inmenso, con que se ha reaccionado al nombramiento de la nueva ministra de Cultura. Pero el Gobierno, la SGAE y determinados juristas parecen opinar lo contrario. Se necesita hacer luz sobre este tema. Pero luz de verdad, de la que va acompañada por leyes y reglamentos, no campañas sesgadas, falsas e intimidatorias.

Es evidente que hace falta aclarar muchas cosas, pero no va a ser sencillo. Cuando hace unos días la nueva Ministra de Cultura decía que había que “ordenar Internet”, era contestada por el D. Pedro Martínez Gracia, fiscal de la Comunidad de Madrid, en un gran artículo publicado en la web de la Asociación de Internautas y titulado "La domadora". En ese artículo citaba una sentencia que califica como "uno de esos escasos momentos en que la jurisprudencia, se torna en poesía de la libertad construyendo un puente entre el pensamiento de la Ilustración y el paradigma de la sociedad emergente." Se trata de una sentencia del año 97 de la Corte Suprema de los EE.UU. en la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Decencia en las Comunicaciones. A continuación reproduzco íntegramente la parte final de este artículo del Sr. Martínez Gracia porque realmente merece la pena:

"[...]La sentencia define a Internet como “una conversación universal sin fin”. Y dice así: "El Gobierno, no puede, a través de la Ley de Decencia de las Comunicaciones, interrumpir esa conversación. Como la forma participativa de expresión de masas más desarrollada jamás conocida, Internet merece la más estricta protección frente a la intromisión gubernamental. Es cierto que muchos encuentran algunas de las expresiones o manifestaciones en Internet ofensivas y es cierto, también, que, en medio del estruendo del ciberespacio, muchos oyen voces que consideran indecentes. La ausencia de regulación gubernativa de los contenidos de Internet ha producido, incuestionablemente, una especie de caos".

Pero, seguía razonando el Tribunal Supremo: “lo que ha hecho de Internet un éxito es el caos que representa. La fuerza de Internet es ese caos. Como sea que la fuerza de Internet es el caos, la fuerza de nuestra libertad depende del caos y de la cacofonía de la expresión sin trabas que protege la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”. Por esas razones, la ley fue declarada inconstitucional.

Esa fuerza a la que se refiere la sentencia es la propia y genuina fuerza de la democracia, que no olvidemos reside en el PUEBLO y no en los Lobbies.

Esta sentencia “sabia”, como pocas supo construir un puente entre el viejo paradigma de la ilustración y a la nueva sociedad emergente para garantizar la continuidad de sus valores. Parece ser que ahora se pretende destruir ese puente, para garantizar el negocio de unos pocos ya enriquecidos."